El drama de la okupación también asola al Estado: 20 edificios del Gobierno están usurpados en España

La lacra de la okupación llega a todos los ámbitos. El Gobierno de la Nación, que integra el PSOE y Podemos, reconoce que tiene al menos 20 edificios del Estado usurpados. Según datos oficiales del Ministerio de Hacienda que desvela OKDIARIO, la provincia más afectada es Málaga con cuatro propiedades arrebatadas a la Administración General, seguida de Madrid con dos.

El director general de Patrimonio del Estado enumera en un escrito de tres páginas remitido a este periódico la ubicación de las propiedades habitadas de forma irregular. De esta forma, se constata cómo la entrada en propiedades ajenas por la fuerza para permanecer en su interior de forma permanente es un fenómeno en alza. Además, de miles de ciudadanos anónimos que por todo el país ven cómo sus viviendas son asaltadas por personas de muy diferente naturaleza, el propio Gobierno de España también lo sufre en sus propias carnes.

El Ministerio de Hacienda afirma que tiene la seguridad de que se han okupado edificios oficiales en las provincias de Álava (en el municipio de Vitoria), en Alicante (Alicante), en Islas Baleares (Palma de Mallorca), en Cantabria (Santander), en Córdoba (Peñarroya-Pueblo Nuevo), en Cuenca (Cuenca), en Granada (Sorvilán), en Las Palmas (Las Palmas de Gran Canaria), en Madrid (en la capital dos inmuebles), en Málaga (dos en Málaga, otro en Nerja y otro en Mijas), en Salamanca (Salamanca), en Sevilla (Sevilla), en Santa Cruz de Tenerife (Santa Cruz), en Toledo (Toledo), en Vizcaya (Bilbao) y en Ceuta (Ceuta).

Terminología

Por otra parte, llama la atención que Hacienda se niega a hablar del término okupas. Dado el término coloquial que se ha utilizado para formular la consulta, puede presumirse que la información que se solicita se refiere a los inmuebles estatales que, dentro del periodo considerado, estén o hayan estado poseídos sin título por particulares, con la intención de permanecer en ellos, sin ánimo de regularizar su situación posesoria mediante la obtención de un título jurídico, ya sea a título personal alegando necesidades propias o por pertenecer a colectivos que propugnan la ocupación de viviendas o locales vacíos», relatan.

«Esta es la información disponible a la que puede accederse sin incurrir en una actuación previa de reelaboración, la cual supondría la dedicación de medios humanos y materiales para recabar información de las distintas Delegaciones de Hacienda y su posterior agrupación y tratamiento; todo ello con menoscabo del ejercicio del resto de las funciones encomendadas a las unidades implicadas en ese proceso», justifica Hacienda. OKDIARIO solicitaba la relación de las ubicaciones exactas y las adscripciones administrativas de los diferentes inmuebles. No obstante, el departamento de María José Montero deniega esos datos.

Se requerían también copias de «los expedientes abiertos en el ámbito administrativo, policial y judicial para restablecer la normalidad y expulsar a los usurpadores y estadísticas tales como, entre otros, la fecha de okupación, las motivaciones que esgrimen los okupas, etc.». Todo ello con datos desglosados de al menos los cinco últimos años para ver la evolución. Del mismo modo, el Ejecutivo asegura que no dispone de esta información agregada. A pesar de tardar más de dos meses en responder, apurando al máximo el plazo legal que establece la Ley de Transparencia, Hacienda no satisface la petición por completo.

Una parte

Por otra parte, Hacienda aclara que podría haber más edificios estatales okupados que no dependen de ese ministerio. «La información aportada se refiere exclusivamente a inmuebles estatales de carácter patrimonial gestionados por la Dirección General del Patrimonio del Estado, ya que las funciones relativas a la vigilancia, protección jurídica y defensa, entre otras, de los bienes y derechos de carácter demanial, corresponden a los ministerios u organismos públicos a los que estén afectados o adscritos», indican. También se incluye la herencia abintestato, es decir, de una persona que falleció sin dictar testamento.